La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, por medio de la cual se regula la infraestructura del sistema educativo nacional.

Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SEP explicó que la nueva norma marca los lineamientos para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar los inmuebles para la educación impartida por el Estado y particulares.

Esa ley también tiene la finalidad de garantizar la calidad, equidad, seguridad y funcionalidad de los inmuebles e instalaciones educativas, por lo que sólo los que cuenten con licencias, avisos de funcionamiento y certificados podrán brindar servicios educativos.

Para ello, crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa que se ubicará en la ciudad de México, y actuará como órgano normativo, de consultoría y certificación de la calidad en ese rubro.

Dicho organismo también asesorará en materia de prevención y atención de daños por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo y se encargará de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, entre otras cosas, de los inmuebles e instalaciones del servicio educativo del país.

El instituto será administrado por una junta de gobierno integrada por el titular de la SEP y un director general nombrado y removido por el Ejecutivo, además de contar con un órgano interno de control.

Con esa ley también se garantiza que los programas y proyectos para construir, equipar, dar mantenimiento y rehabilitar los inmuebles educativos, cumplan con la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y atiendan las necesidades de comunidades indígenas.

El decreto entra en vigor a partir de este sábado y abroga la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas de 1944.

Por ello los servidores públicos del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas integrarán el nuevo instituto, además de los bienes muebles e inmuebles, los montos no ejercidos de su presupuesto y sus asuntos jurisdiccionales pendientes.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa tendrá 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto para ratificar los convenios celebrados por el Comité Administrador.